Entrevista Divergente: Gustavo Lagos y Bernardo Lara.

En una nueva Entrevista Divergente, Jorge Donoso conversó con Gustavo Lagos y Bernardo Lara, quienes desde sus conocimientos aportan elementos interesantes, para entender el debate -político y público- sobre el proyecto de Ley Royalty Minero.

El jueves 6 de mayo fue aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que busca fijar un nuevo Royalty a la minería, pasando a ser motivo de discusión en el Senado. El proyecto ha generado diferentes opiniones y reflexiones en cuanto al aporte fiscal que realiza la minería al país, la necesidad de establecer certezas jurídicas para asegurar la inversión extranjera y la importancia de discutir sobre estos temas con los elementos adecuados. 

Para abordar esta discusión y conocer diferentes reflexiones, Jorge Donoso, quien fue presidente del Colegio de Periodistas y  director de Comunicaciones y de Asuntos Públicos de Codelco, conversó con dos expertos en sus áreas: Bernardo Lara, abogado y magíster en Derecho Tributario por la Universidad de Chile, con estudios de maestría en el Instituto de Estudios Fiscales de España, donde también se desempeñó como docente. Además, Lara trabajó durante cuarenta años en el Servicio de Impuestos Internos, institución donde fue Subdirector Jurídico durante diecisiete años.  

Y por otro lado Gustavo Lagos, ingeniero en Minas de la Universidad de Chile, con postgrados  en el extranjero en Procesamiento de Minerales y Ciencias de Materiales. Actualmente es profesor titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile, gerente de Programa de Economía de Minerales en la misma Casa de Estudios, Director del Programa Magíster Líderes para la Minería (LPM) y miembro del Comité del Precio del Cobre en el Ministerio de Hacienda. 

En instancias de diálogo donde han participado representantes de la industria y parlamentarios como en la comisión de Hacienda del Senado, algunos líderes de la industria minera se han manifestado abiertos a conversar sobre la posibilidad de aumentar la tasa del llamado royalty a la minería. Esto, si se hace con los antecedentes pertinentes para la discusión.  A esto se agrega que algunos expertos han señalado que se han perdido para el Estado una cantidad importante de recursos debido a una redacción deficiente de la ley actual vigente sobre esta materia.

¿Han sido, o no, apropiados los instrumentos presentados en el Congreso para llevar adelante la discusión?

Entrevista Divergente

Gustavo Lagos: Se ha presentado muchos antecedentes, no creo hayan sido entendidos cabalmente por los parlamentarios. Creo que primó el objetivo político para aprobar el primer proyecto que contenía un 3% de Royalty ad Valorem, a las ventas. Creo que los parlamentarios no consideraron válidas las observaciones que indicaban que aquellas empresas que tenían costos altos, de más de 2,5 US/lb como costo total, tendrían muchas dificultades para pagar el Royalty de 3% cuando el precio estuviera en niveles de 2 a 2,8 US/lb. De hecho, tendrían que pedir prestados recursos para pagar el Royalty en esas condiciones, y si ello se prolongaba varios años, podrían incluso cerrar. Son unas 10 minas grandes las que están en esta situación, incluidas Antucoya, Zaldívar, Lomas Bayas, Sierra Gorda, Caserones y otras.

Desde esta perspectiva, era mucho mejor modificar el Impuesto específico a la Minería, IEM, que es un impuesto a las utilidades y que contiene un tramo progresivo cuando el precio sube. Las objeciones a ello son los miedos que existen respecto al comportamiento de las mineras privadas. Por ejemplo, que estas suben artificialmente los costos. Esto es absurdo porque, primero es ilegal, si las empresas fueran descubiertas haciendo esto en los mercados en donde estas empresas se transan en bolsa, los castigos serían draconianos, llegando hasta la quiebra de varias de dichas empresas. Segundo, subir los costos significa reducir el valor de la acción y de la compañía, es decir va en contra del interés de los accionistas. En tercer lugar, son tantas las personas que estarían involucradas en este fraude que sería imposible mantener esto en secreto. 

Un segundo tema mencionado por muchos es que las mineras hacen trampa al exportar, declarando menos cobre, oro y otros subproductos, que los que realmente contienen los concentrados. Estas empresas le venden sus concentrados a entidades que no están relacionadas, de tal forma que ello involucraría un doble fraude por parte del vendedor (la minera) y las fundiciones – refinerías. La única excepción es Freeport que le puede vender a entidades relacionadas con la casa matriz. El número de personas involucradas en un fraude de esta naturaleza es tan alto (50 a 100 personas por lo bajo), incluyendo directorio, ejecutivos, técnicos de laboratorio, etc., que sería muy difícil que esto permaneciera sin conocerse, más aún cuando serían muchas las empresas que hacen eso. 

Hay una desconfianza brutal en la minería privada, que yo estoy convencido que no se justifica hoy en día, a lo mejor si hace cuatro décadas atrás o más. Creo, sin embargo, que estos miedos y rumores hay que trabajarlos, imprimiendo más transparencia a las cifras de producción y utilidades.

En mi estimación las GMP10 pagaron cerca de 40% de impuestos respecto a sus utilidades antes de impuesto entre 2017 y 2020. Antes pagan menos debido a que la legislación permitía postergar el pago de impuestos mediante el pago del FUT. 40% es una cifra competitiva a nivel mundial como impuesto en situación de precios bajos. Pero existía la inquietud de cuánto pagaría la minería con precios altos. Esto es lo que realmente justificó la discusión de este tema.


Bernardo Lara: Como cuestión previa, para consensuar una postura de los representantes de la industria minera y de los parlamentarios me parece indispensable incorporar a representantes del Poder Ejecutivo, ya sea Ministerio de Minería o Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), especialmente estos últimos pueden aportar todos los antecedentes necesarios para llegar a consensos o marcar las diferencias. 

La gran minería es una actividad compleja, esto es, se necesita una inversión alta, deben establecerse con precisión las leyes de los minerales, duración de los yacimientos. Precisarse si además del cobre y el litio se incorporarán otros minerales en las discusiones, además de una visión de los mercados en el mediano y largo plazo. Cuestiones que deben estar presentes en la mesa de trabajo de la instancia de diálogo.

¿Bajo qué acuerdos la industria estaría dispuesta a considerar como una buena política pública la modificación al Royalty?

Gustavo Lagos: Yo creo, por lo que se ha declarado en el último mes, que las mineras si están dispuestas a discutir un alza de impuestos en precios altos. Lo más conveniente sería modificar la escala del IEM de tal forma de asegurar que en precios muy altos como el actual, las mineras paguen 50% o incluso más de impuesto respecto a sus utilidades. Eso nos pondría a la par con Australia y nos dejaría por sobre otros países competidores como Perú y otros.

El sistema que tiene Perú es interesante porque tiene un impuesto similar al IEM de Chile, y cuando las empresas no tienen utilidades, y por tanto su IEM es mínimo, deben pagar un Royalty a las ventas de 1% sobre las ventas. 

Bernardo Lara: La gran industria minera necesita estabilidad, seguridad jurídica e invariabilidad en el trato tributario ya que los grandes inversionistas, ya sean fondos de inversión extranjeros o compañías transnacionales de la minería, siempre tienen alternativas en otros países donde llevar sus inversiones. En definitiva, creo que la eventual modificación del royalty, para ser aceptada por la industria, debe ir acompañado de garantías de invariabilidad en un plazo determinado, ya sea mediante un contrato ley u otro mecanismo de rango constitucional.

¿Hay otras alternativas para aumentar la recaudación fiscal desde la minería, que no impliquen modificar el Royalty?

Gustavo Lagos: Soy optimista y creo que se puede llegar a un acuerdo que permita dos cosas fundamentales. Uno es elevar la recaudación fiscal en el largo plazo, y segundo que no lance a la quiebra a las empresas que tienen costos altos cuando el precio está bajo. Tiene que haber un equilibrio, y por sobre todo una medición creíble con respecto a las tasas de impuesto de nuestros competidores (Perú y otros), de tal forma que siga adelante la inversión, ya que tenemos proyectos nuevos que pueden ser rentables, pero que no son demasiado rentables. Y también que sigan adelante las expansiones de los grandes yacimientos chilenos, incluidos Escondida, Collahuasi, Pelambres, Los Bronce y otros. 

Bernardo Lara:  El otro mecanismo para aumentar la recaudación de la gran minería que no signifique modificar el royalty es fijar una mayor sobretasa del impuesto a la renta sobre las utilidades, lo cual puede asociarse a los costos y al precio de venta del cobre donde la información de Cochilco sobre los costos es muy relevante. Por último, cualquier reforma en esta materia debería regir a futuro para no afectar derechos adquiridos





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